Reforma a la justicia: un desafío urgente para Iván Duque

El nuevo gobierno deberá impulsar la reforma que el país reclama hace rato

La justicia debe convertirse en una prioridad en los próximos cuatro años. Para construir una verdadera paz, necesitamos recuperar la confianza de los colombianos en sus jueces y contar con una justicia fuerte, independiente, limpia de corrupción, con mejor infraestructura y con más eficiencia. De fácil acceso para los ciudadanos y que evite la impunidad en lo penal. Que aplique la ley a todos, sin distinciones.

Para lograr estos propósitos, el nuevo gobierno deberá impulsar la reforma profunda que desde hace rato el país reclama con urgencia, corrigiendo los problemas que creó el diseño de la Constitución del 91, y además debe comprometerse con el respeto total por la independencia de la rama judicial. No es posible construir democracia atacando las instituciones de justicia desde las demás ramas del poder público.

Deberán los nuevos gobernantes emprender la tarea de fortalecer las instituciones –en especial las relacionadas con la justicia–, pues solo con instituciones fuertes los ciudadanos podrán recuperar la confianza en los jueces y en los fiscales. Este compromiso con la justicia debe ser un propósito nacional que involucre a todos los sectores de la sociedad.

Convertir la justicia en uno de los fines predilectos del Estado reconoce la necesidad de consolidar la seguridad jurídica y de solucionar los grandes problemas nacionales –la corrupción, la criminalidad organizada, el narcotráfico, el paramilitarismo, la subversión, etcétera–. Además, será una directriz que persuada a todos los sectores del país de apoyar y mejorar la justicia, incluyendo a los sectores empresariales que requieren, además de seguridad jurídica para sus inversiones y negocios, una pronta y debida justicia que defina sus derechos.

Deberán estar en la agenda del gobierno que comienza, entre otros, los siguientes temas:

Combatir frontalmente la corrupción en la Justicia

Es necesario revisar desde los procesos de selección de jueces y magistrados hasta el antejuicio político para el juzgamiento de aforados. A las dignidades de la justicia deben llegar los mejores juristas. El antejuicio en el Congreso solo debería mantenerse para el presidente de la república; se ha convertido en una talanquera inútil para la realización de la justicia. La rama debe rendir cuentas y la morosidad y la arbitrariedad deben sancionarse con la pérdida del cargo.

Articular el sistema

Se encuentra en la palestra una idea importante, pues plantea una posible solución a un problema planteado desde la Carta Política de 1991, que introdujo un sistema de justicia con varios órganos de cierre: la Corte Suprema para la justicia ordinaria, la Corte Constitucional para el control de exequibilidad, el Consejo de Estado para la jurisdicción contencioso-administrativa y el Consejo Superior de la Judicatura, con dos salas, la Disciplinaria y la Administrativa, para el gobierno de la rama.

Este sistema de estancos judiciales ha dado lugar a permanentes conflictos por competencias, los famosos ‘choques de trenes’. La JEP es ahora otro más, desarticulado del sistema de justicia. En esas cinco cabezas se encuentra dividida la función jurisdiccional del Estado. En un sistema democrático, con sus tres ramas del poder público, si la jurisdiccional se encuentra divida en cinco partes, el control de pesos y contrapesos deja de ser real y eficiente.

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