Reforma a la justicia: un desafío urgente para Iván Duque

El nuevo gobierno deberá impulsar la reforma que el país reclama hace rato

Por esto, desde hace algún tiempo se habla de aglutinar tanta función dispersa y hacer de la rama un sistema coherente y articulado, que permita las especialidades y las autonomías, pero que disponga de mecanismos para definir sus choques y conflictos. Todo ello para no dar una sensación de incertidumbre a la ciudadanía que merme y ponga en vilo la confianza que esta debe tener frente a la administración de justicia.

Eliminar funciones electorales

Hay que recuperar la credibilidad perdida con los recientes escándalos de corrupción. Lo primero que hay que hacer para evitar la corrupción en la justicia es eliminar toda injerencia que la política pueda tener con los jueces. El Congreso no debe elegir magistrados de las altas cortes. Las altas cortes no deben intervenir en la elección de registrador, procurador, contralor, auditor, ni fiscal. Es necesario acabar con las funciones electorales que tienen las Cortes.

Mejorar el acceso a la justicia

El gobierno deberá enfocarse en fortalecer el acceso a la administración de justicia a todos los habitantes del territorio colombiano. La cuestión del acceso a la justicia es de carácter esencial porque de la efectividad de la misma depende, en gran parte, el robustecimiento de nuestro sistema democrático y la construcción de una ciudadanía incluyente que fortalezca los derechos de las personas. Se requiere, entonces, que el Estado diseñe estrategias para mejorar el servicio de justicia.

Perseguir a la delincuencia

Hay que repensar la ubicación de la Fiscalía General de la Nación como parte de la rama jurisdiccional. Nuevamente hay que discutir sobre la conveniencia de ubicarla en la rama ejecutiva y que el presidente designe directamente al fiscal general y no por medio de una terna enviada a la Corte Suprema. Cuando cumplía funciones jurisdiccionales, en el viejo sistema inquisitivo, era lo lógico y por ello la Constitución la ubicó en ese lugar del Estado. Hoy, con el sistema acusatorio, su función es más administrativa y de Policía Judicial. La responsabilidad por la eficacia al perseguir los delincuentes debe ser del gobierno.

Robustecer la acción de tutela

La acción de tutela se ha constituido en un instrumento formidable para hacer realidad el Estado social de derecho, efectivo el acceso a la justicia de los ciudadanos y eficaces los derechos fundamentales y sociales. Pero de su entendimiento jurisprudencial y de su práctica judicial se han derivado consecuencias perturbadoras.

La activa reclamación de los ciudadanos por sus derechos sociales, de pensión y salud prioritariamente, ha creado una cultura indeseable en los otros poderes públicos y actores sociales. Ello sucede en especial en la administración de los servicios públicos de seguridad social, en la que se ha producido abandono en el actuar para hacerlo solo a instancias judiciales.

Se insiste en la importancia de la acción de tutela como instrumento de defensa de los derechos fundamentales y, lejos de suprimirla o torpedearla, hay que dotarla de elementos que agilicen su trámite y la racionalicen con miras a que perdure y no se deteriore en su aplicación.

Cambiar el sistema de revisión de tutelas en la Corte Constitucional

Es foco de desconfianza y corrupción del sistema de acuerdo con su diseño de escogencia discrecional. Hay que volver a pensar en que las tutelas de la jurisdicción ordinaria cierren en la Corte Suprema y las de la jurisdicción contenciosa en el Consejo de Estado, o que se crucen. Pero esta instancia no puede ser de libre escogencia.

Resumiendo, estos son algunos de los retos más relevantes para el gobierno que comienza: el tema de la justicia no puede ser mirado privativamente como un problema, sino como una extraordinaria y constructiva ocasión para fortalecer todas nuestras instituciones; es un pilar insustituible de toda democracia.

Solo pensando en políticas públicas estables y de Estado, con el concurso y, especialmente, el compromiso personal e institucional de todos los habitantes podrá hacerse realidad este anhelo. Centenares de conciudadanos reclaman más acceso, más presencia de la justicia, más independencia, más transparencia, más armonía, más eficacia y más resultados positivos. Sin justicia, no hay esperanzas, no hay presente, ni futuro.

Con información de Semana

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