Ex magistrado salvadoreño pide sanciones por no elegir en tiempo a Corte Suprema de Justicia

Florentín Meléndez, instó a la sociedad civil a ejercer presión para que diputados normen la elección de funcionarios de segundo grado

Florentín Meléndez, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, propuso ejercer presión a la Asamblea Legislativa para crear una ley especial que regule la elección de los funcionarios de segundo grado y que contenga sanciones por incumplimiento en contra de los legisladores si no eligen a tiempo.

Meléndez recordó que la Asamblea Legislativa cumplióel miércoles 116 días de omisión en su mandato constitucional de elegir a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y a uno de la Sala de lo Civil, con sus respectivos suplentes.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), en su análisis sobre el proceso de elección de magistrados de la CSJ, también coincidió con Meléndez, solo que el tanque de pensamiento propone reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL).

El ex magistrado dijo que no existe en el ordenamiento jurídico nacional una ley que obligue o que sancione a los diputados por no cumplir a tiempo con lo que les ordena la Constitución de la República; a su juicio, para ello es necesario la presión desde la sociedad civil.

“Por eso yo insisto en la participación, en la presión social, eso es lo que hay que fortalecer y hay que apuntarle para que se emita una ley, no un reglamento interno de la Asamblea Legislativa, una ley consultada con la ciudadanía, con las organizaciones interesadas, para que haya una ley especial que regule toda lo relativo a las elecciones de segundo grado”, planteó Meléndez.

De acuerdo con el ex funcionario de la CSJ, el no elegir a los magistrados es un “menosprecio” de parte de los legisladores a la Constitución y hacia los derechos de los ciudadanos que no tienen adónde acudir por la falta de integración de la Sala de lo Constitucional.

A falta de la Sala, aseguró el ex magistrado, prácticamente el control constitucional está en manos del Órgano Ejecutivo.

“Ante la ausencia de la Sala de lo Constitucional que intervenga en una controversia entre dos poderes del Estado, el presidente de la República se convierte nada menos que en el tribunal constitucional del país; es el que tiene la última palabra para dirimir una controversia”, apuntó Meléndez, como uno de los elementos negativos que acarrea la no elección de magistrados de la CSJ.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) también planteó la necesidad de que los legisladores hagan reformas al RIAL para garantizar las elecciones de funcionarios de segundo grado con las personas más idóneas y a tiempo.

“La jurisprudencia constitucional ha dado los parámetros que deben cumplirse para realizar esta elección, pero para mejorar su nivel de cumplimiento, habría que reformar el RIAL para incorporarla y para agregar con más detalle, el procedimiento para elegir a los funcionarios…” dice el documento de Fusades que analiza el proceso de elección de los magistrados.

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