Control de armas vs. atención de salud mental: debate luego de las masacres oculta una realidad turbia

A menudo, la propensión de estas personas a la violencia es más fácil de ver en retrospectiva.

Seis meses antes del tiroteo en el Borderline Bar & Grill en Thousand Oaks, la policía respondió a una llamada al 911 que reportaba gritos y golpes procedentes del interior de la casa donde Long, el supuesto atacante, vivía con su madre. Al llegar, la policía se encontró con un joven "iracundo" que actuaba "irracionalmente" y llamaron a un equipo de crisis de salud mental. Los trabajadores sociales de ese equipo lo evaluaron y concluyeron que no había motivos para ponerlo bajo supervisión psiquiátrica.

No se sabe si los oficiales sabían que había manejado ametralladoras en Afganistán, lo que, después del tiroteo, llevó a especular que podría haber padecido un trastorno de estrés postraumático. Sólo más tarde se supo también que Long había atacado a un entrenador de atletismo en la escuela secundaria.

California permite a las autoridades detener a las personas durante 72 horas para evaluar su estado mental, una práctica similar a la de muchos estados. Pero el estándar para este tipo de detenciones, conocidas en California como "5150", es bastante alto, señaló el doctor Garen Wintemute, médico de emergencia, quien dirige el Centro de Investigación de Violencia con Armas de Fuego de la Universidad de California en Davis.

Para ser detenida, una persona debe representar una amenaza grave e inminente para sí misma o para otros, o estar tan seriamente discapacitada que no pueda cuidarse por sí misma. La ley no toma en cuenta el abuso de sustancias, dijo Wintemute.

"Un 5150 implica poner a una persona bajo custodia a veces en contra de su voluntad", explicó Wintemute. "Eso no es algo que se pueda hacer a la ligera".

El doctor E. Fuller Torrey, psiquiatra que fundó el Treatment Advocacy Center hace 20 años, ha argumentado durante mucho tiempo que la sociedad necesita ser más enérgica a la hora de proporcionar atención a las personas gravemente perturbadas —y exigir esa atención cuando sea necesario— para prevenir el suicidio, los tiroteos en masa y otros actos de violencia.

Su objetivo es lograr que más legislaturas estatales aprueben proyectos de ley como la Ley de Kendrall en Nueva York y la Ley de Laura en California, por las que los jueces pueden ordenar que las personas con enfermedades mentales reciban tratamiento ambulatorio. Su organización asistió en la redacción de ambos proyectos, y ha ayudado a conseguir la aprobación de leyes similares en al menos 16 estados. En California y algunos otros estados, sin embargo, el alcance de la ley depende de la decisión de cada condado para implementarla.

Duwe no se posiciona sobre la idea del tratamiento obligatorio, pero dijo que hacerlo para prevenir eventos que ocurren sólo unas pocas veces al año tiene poco sentido. "Los tiroteos públicos masivos son más comunes de lo que deberían ser, pero todavía no son tan frecuentes como para diseñar políticas basadas en el tratamiento de eventos tan raros", expresó.

Las leyes de armas que se enfocan exclusivamente en personas con antecedentes de salud mental también tienen poco sentido, dijeron los doctores James Knoll y George Annas, profesores de psiquiatría del SUNY Upstate Medical Center, en un artículo de 2016 en Psychiatry Online.

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