Nicaragua comienza el año en incertidumbre por represión de Daniel Ortega

El mandatario busca suprimir a las instituciones que denuncian y documentan represión y delitos de lesa humanidad

El GIEI concluyó en un informe que Ortega y Murillo dirigieron una represión con la ejecución de crímenes de lesa humanidad. Recomendó a los organismos internacionales investigar y determinar responsabilidades.

Asalto a medios de comunicación

La noche del jueves 13 de diciembre la policía de Ortega allanó las sedes de las organizaciones Popol Na, Fundación del Río, Instituto de Liderazgo de las Segovias y Cenidh. Paralelamente dirigieron un asalto a varios medios de comunicación independientes. Irrumpieron en las instalaciones de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche para registrar y llevarse equipos de trabajo.

La televisora 100% Noticias también recibió la visita de la policía para allanar sus instalaciones, confiscar equipos y sacar del aire la señal el viernes 21 de diciembre. Además, detuvieron al director del canal y a su esposa, Miguel Mora y Verónica Chávez; a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau; al operador de controles Gustavo Cerna; al conductor Joseph Hernández, y a dos guardias de seguridad.

Chávez fue excarcelada al día siguiente, mientras que Hernández y Cerna el sábado 5 de enero. El canal calificó las detenciones como un secuestro. Además, exigió la liberación inmediata del resto de los trabajadores y respeto a la libertad de prensa.

Mora enfrenta un proceso judicial por supuestamente “fomentar e incitar al odio y la violencia”. Pineda Ubau fue señalada de presunta provocación y conspiración terrorista. La policía orteguista también busca a los periodistas Jackson Orozco, Luis Galeano y al comentarista Jaime Arellano, los dos últimos abandonaron el país, según el diario local La Prensa.

“El régimen Ortega Murillo asesta otra estocada profunda hacia los medios de comunicación independientes de Nicaragua, que desde el inicio de la crisis han denunciado con veracidad las graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses”, denunció 100% Noticias en un comunicado.

Esfuerzos internacionales

Después de las acciones de Ortega, la reacción internacional no tardó en llegar. Catorce países, incluido Estados Unidos, denunciaron la arremetida en contra de las organizaciones nicaragüenses. En un comunicado, exhortaron al gobierno a revertir las decisiones legislativas, dejar de atacar a la sociedad civil y garantizar las libertades fundamentales.

La administración de Donald Trump también proclamó la Ley “Nica Act”, cuyo fin es cortar el financiamiento del gobierno de Ortega mediante préstamos de entidades internacionales.

En la sesión extraordinaria del jueves 27 de diciembre, la OEA recibió el informe final de la GIEI. Luis Almagro, secretario general del organismo, anunció el inicio del proceso para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, apoyado por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile y Perú.

El instrumento jurídico se aplica cuando ocurre alguna alteración del orden constitucional y puede concluir con la suspensión del país en el organismo. Almagro destacó en la sesión: “La falta de democracia y derechos humanos es un asunto de la región entera, la solución es todavía política y diplomática y contamos con los instrumentos interamericanos para abordarlo”.

Números en rojo

Desde el inicio de las protestas se han registrado entre 325 y 545 muertos, la primera es la cifra otorgada por el Meseni y la segunda por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh). La ONG también reportó 4 mil 533 heridos, de acuerdo con EFE. Las manifestaciones, antes de ser criminalizadas y prohibidas, fueron atacadas por policías y sujetos armados afectos al gobierno.

La CIDH ha registrado unos 400 presos políticos, pero el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de Nicaragua eleva la cifra a al menos 674. Sin embargo, el gobierno solo reconoce a 340, a los que califica de supuestos “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes”.

El 2019 se presenta como un año de grandes retos para los nicaragüenses, pero también de profundas incertidumbres. La recuperación de la democracia se plantea como un objetivo principal en un país en el que las protestas están prohibidas, hay asociaciones de derechos humanos ilegalizadas y los medios de comunicación están acorralados.

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