OPINIÓN: De las Sanciones a la Extracción de Nicolás Maduro y sus Cómplices

Las estrategias tradicionales para lidiar con regímenes autoritarios no aplican del todo a Venezuela

*Ponce es Director para América Latina de Victims of Communism Memorial Foundation y Profesor (Lecturer) Norhteastern University . El presente artículo incluye las opiniones del autor que no representan las opiniones de ninguna de las organizaciones con las cuales está afiliado. Las opiniones expresadas aquí son de entera responsabilidad del autor.

Luego de las elecciones fraudulentas e inconstitucionales del 20 de mayo de 2018, las cuales fueron rechazadas por la gran mayoría de países democráticos, Nicolás Maduro dejó de ser presidente de Venezuela el 10 de enero de 2019. La aplicación de la Constitución de Venezuela llevó a que asumiera el cargo de presidente interino el diputado Juan Guaidó, por ser el presidente de la Asamblea Nacional.

Pese a las numerosas sanciones, presión nacional e internacional y numerosas manifestaciones nacionales e internacionales, el régimen de Nicolás Maduro se ha negado a abandonar el poder y se mantiene gracias a un pequeño grupo de militares narco-corruptos leales y a diversos grupos violentos paramilitares.

Las estrategias tradicionales para lidiar con regímenes autoritarios no aplican del todo a Venezuela. En Venezuela no existe un gobierno sino una estructura criminal en poder apoyada por mafias de corrupción, narcotráfico, terrorismo y extracción ilegal de minerales. Venezuela es un estado fallido con una crisis humanitaria que ha llevado a millones de personas a emigrar, en la mayor crisis migratoria que ha experimentado Latinoamérica en su historia.

Estados Unidos ha venido apoyando a diversas fuerzas democráticas en Venezuela y a la diáspora, se han venido imponiendo sanciones a miembros del gobierno, militares y relacionados, se han impuesto sanciones a la industria petrolera y a las transacciones bancarias, se han eliminado visas, se ha intentado ingresar ayuda humanitaria y se ha amenazado de diversas formas al régimen de Nicolás Maduro y sus colaboradores. Numerosos países han apoyado a Juan Guaidó como presidente interino y desconocen a Maduro como presidente.

Hay diversos grupos que recomiendan una intervención militar en Venezuela, el problema es que pretenden que sea Estados Unidos quien asuma los costos económicos, políticos y de pérdidas humanas de una operación militar mientras los demás países observarán aliviados y luego criticarán. Pese a que la administración de Donald Trump ha anunciado que todas las opciones están abiertas, la opción militar no aparece estar en el menú de la semana; todavía existen otras alternativas para incrementar la presión a la dictadura sanguinaria comunista de Nicolás Maduro.

Hemos venido por años apoyando las sanciones personales, las restricciones financieras, aplicación de Global Magnisky, las sanciones en diversos países y otras alternativas para acorralar a la narcodictadura que secuestró a Venezuela.

Algunas alternativas que podemos recomendar ahora son:

• Apertura de Juicios y Órdenes de Arresto: Continuar con las sanciones pero elevar la presión con la apertura de juicios en Estados Unidos y otros países contra Nicolás Maduro, militares y funcionarios activos de la dictadura. Ello permitiría la emisión de órdenes de arresto con la consecuente captura internacional. Hay suficiente evidencia en numerosos casos abiertos contra familiares de Nicolás Maduro y testaferros que dan claros indicios de lavado de dinero y otros crímenes en territorio norteamericano. Esta es una recomendación que hemos llevado en numerosas oportunidades al Departamento de Estado, National Security Council, Departamento de Justicia, Congreso, Comando Sur, Fiscales y otros. En diversas columnas y entrevistas en El Tiempo Latino se ha comentado de esta opción y se han enviado diversos documentos de apoyo. Nuestras fuentes indican que hay varios casos sellados (Sealed) en tribunales de Estados Unidos que incluyen a Nicolas Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, altos funcionarios del gobierno y militares venezolanos. Hemos venido presionando para que los abran e inicien las órdenes de arresto. Finalmente el Departamento de Justicia abrió el primer caso y es contra el Narcoterrorista Tareck Zaidan El Aissami Maddah, ex vicepresidente de Maduro y actual ministro. Ya se abrió la puerta y muchos otros están por venir. La ventaja de estos casos es que no son suspensiones de visas a Estados Unidos o bloqueos de cuentas o decomiso de propiedades en Estados Unidos, hablamos de juicios y cárcel para los narcos y corruptos del gobierno de Nicolás Maduro. Se abre un compás de espera para que ayuden a salir de la dictadura o acompañarán en la cárcel a los “narcosobrinos” o al Chapo Guzmán.

• Deportación y Remoción: La existencia de órdenes de arresto y subsecuentes requerimientos en Interpol obliga a la deportación de los implicados de cualquier país donde exista acuerdo de extradición con los Estados Unidos, lo cual reduce la movilidad de los funcionarios del régimen de Maduro y sus cómplices militares. La existencia de un estado fallido secuestrado por un individuo que carece de legitimidad permite también implementar estrategias de extracción de criminales. Numerosos procesos de extracción de criminales de guerra, violadores de derechos humanos y corruptos han sido efectivos en el pasado. En efecto a muchos criminales de guerra y violadores de derechos humanos se les ha extraído de diversos países. Ya la orden de arresto internacional obliga a cualquier país donde viajen a arrestarlos y deportarlos a Estados Unidos.

• Incremento de la presión internacional para la investigación de los casos de corrupción de funcionarios venezolanos, testaferros y familiares, así como el enjuiciamiento y arresto de los corruptos y la creación de un fondo para la recuperación de Venezuela con los fondos y bienes incautados.

• No se pueden aceptar testaferros y ladrones viejos o actuales, no importa si ya salieron de Venezuela, son todos co-responsables. Recomendamos a las fuerzas democráticas en Venezuela cuidarse de las ayudas y los fondos ofrecidos por estos corruptos. Se debe dejar bien claro que todos serán enjuiciados. Se deben revisar las cuentas en España, Rusia, Dubai (Emiratos Árabes), Portugal, Panamá, Perú, Argentina, República Dominicana y en muchos otros países y sancionar a los bancos que han comprado, que se han asociado o que permiten sus operaciones. De igual forma se deben incluir sus nombres en el caso ante la Corte Penal Internacional. Estos son co-responsables de la crisis humanitaria que también es un crimen de lesa humanidad.

• Los responsables del caos eléctrico de Venezuela deben ser incluidos dentro de la lista de sancionados.

• Los bonos, pagarés e instrumentos financieros emitidos por la dictadura de Nicolás Maduro sin aprobación de la Asamblea Nacional son nulos y no deben ser reconocidos y cualquier compromiso firmado por Maduro o sus cómplices debe ser nulo.

• Se debe avanzar en la prohibición de venta de armas y de insumos de “control de manifestaciones” así como en la emisión de sanciones a quienes las transporten. Se deben imponer requisitos a países fronterizos que prohíban y retengan cargamentos de armas hacia Venezuela.

• Se debe investigar y documentar plenamente la actuación de individuos del régimen cubano en Venezuela, su vinculación con el entrenamiento a torturadores de los cuerpos de seguridad en Venezuela, el envío de militares cubanos a Venezuela, su participación en crímenes de lesa humanidad, corrupción y narcotráfico en Venezuela. Si bien Cuba no es parte de la Corte Penal Internacional, la misma procesa a los individuos responsables sin importar la nacionalidad, es un buen momento para un buen caso y reporte de la contribución de estos individuos de la dictadura de Cuba en su contribución con los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

• Las sanciones a la industria petrolera de Venezuela deben incluir el tránsito de petróleo a Cuba y de buques con gasolina y disolventes a Venezuela, Estados Unidos debe exigir a los Gobiernos de Trinidad Tobago, Colombia, Guyana, Antillas Neerlandesas y otros países fronterizos con Venezuela que detengan los cargamentos de petróleo dirigidos a Cuba desde Venezuela e impidan el paso de buques que transportan gasolina y otros disolventes en violación a las sanciones.

• Se debe dejar claro a buques y aeronaves, así como sus tripulaciones que sean contratadas o presten servicios a personas sancionadas por los Estados Unidos que exponen su operación, sus registros y su futuro.

• Recomendamos a los países fronterizos con Venezuela la prohibición de tránsito de aeronaves o buques que transporten a sancionados, oficiales del gobierno usurpador de Nicolás Maduro o a militares de Venezuela.

• Se deben impulsar sanciones en otros países de la región, a la fecha en las Américas solo Estados Unidos, Canadá y Panamá han impuesto sanciones. Hay que impulsar legislaciones en los países similares a la Global Magnisky para facilitar la imposición de sanciones a violadores de derechos humanos y corruptos.

• Se debe avanzar en el cierre de la ruta del oro desde el Arco Minero mediante mayores controles a la compra ilegal en los países fronterizos, categorizar al oro de Venezuela como criminal y sancionar a Turquía por procesarlo y comercializarlo. Se debe prohibir considerar ese oro como parte de las reservas, así como se debe informar a los que lo procesan que están ejerciendo acciones ilegales. Recomendamos legislar en Estados Unidos sobre esta materia e incluir el oro de Venezuela dentro de las sanciones para así frenar el acceso a efectivo de la tiranía.

• La ruta del conflicto no violento pero activo en las calles con manifestaciones permanentes y la activación de los temas sindicales, jóvenes y la presión social debe incrementarse y apoyarse.

• Se debe avanzar en el desarrollo de estrategias de protección a las víctimas, de recolección de evidencias y de avance de estrategias que lleven a la implementación inmediata de Justicia Transicional una vez se logre que cese la usurpación de Nicolás Maduro.

Cuando preguntan qué estrategia se debe abordar con Venezuela, mi recomendación es que se debe hacer todo lo posible por acorralar al régimen, se debe generar la tormenta perfecta para salir de la pesadilla.

Les recordamos que cualquier denuncia la pueden enviar a: ponce@eltiempolatino.org

*El Dr. Carlos E. Ponce es Columnista e Investigador de El Tiempo Latino en casos de Corrupción. Ponce es Director para América Latina de Victims of Communism Memorial Foundation y Profesor (Lecturer) Norhteastern University . El presente artículo incluye las opiniones del autor que no representan las opiniones de ninguna de las organizaciones con las cuales está afiliado. Las opiniones expresadas aquí son de entera responsabilidad del autor.

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